Recordarán ustedes la entrada La cabaña del Tío Ardanza (escrita por él mismo y sin Huckleberry Finn) del 7-3-2006. Pues bien, El ex lehendakari parece que se verá obligado a hacer unas reformas en su chalet. Prosigue el culebrón. A lo mejor el no tiene culpa de nada. Que también puede ser.
26-04-2006
El País
Edición Internet
Alberto Uriona - Bilbao
Ardanza recurrirá la orden municipal que obliga al derribo parcial de su casa
Demoler el tejado, una fachada y la piscina del chalé cuesta 126.000 euros
El ex lehendakari José Antonio Ardanza recurrirá la decisión del Ayuntamiento de Arteaga de demoler parte de su chalé en Urdaibai por diversas irregularidades urbanísticas. El consistorio, que hasta hace dos meses era reticente a actuar, ha decretado el derribo parcial del tejado, una de las cuatro fachadas y una piscina. La defensa de Ardanza considera desproporcionadas estas medidas en relación con las infracciones cometidas.
Las anomalías en la rehabilitación del caserón, en el corazón de la reserva de Urdaibai, se confirmaron a mediados de 2002, a través de varios informes técnicos tanto del Departamento de Medio Ambiente como del consistorio. Las infracciones se concretaron en la construcción de dos plantas no previstas en el proyecto aprobado, la superación de la altura autorizada y la inclusión de una piscina, entre otras. Según los informes, la superficie construida se aumentó un 38,6% sobre el proyecto original.
El caso ha supuesto una polémica entre el Gobierno y el Ayuntamiento, por la negativa de éste a actuar, una actitud que contó al principio con el apoyo de la Diputación de Vizcaya: estas dos instituciones fueran las únicas que votaron en contra de la existencia de irregularidades en un pleno del Patronato de Urdaibai.
El Ayuntamiento quiso archivar el expediente hace dos años, pero Medio Ambiente llevó la actuación municipal a los tribunales. En julio pasado, un juzgado dio la razón al Gobierno al ordenar al Ayuntamiento a "instaurar el ordenamiento urbanístico". El consistorio, gobernado con mayoría absoluta por el PNV, mantuvo su posición y recurrió el fallo al Tribunal Superior vasco. Pero las presiones políticas de los últimos meses -las Juntas Generales de Vizcaya instaron en enero a que se actuase y la Diputación ha ido variando su postura de apoyo al consistorio - y la amenaza de los denunciantes de actuar contra la corporación si dejaba prescribir el caso han modificado la postura del gobierno municipal.
Así, en marzo el Ayuntamiento abrió un expediente, admitiendo por primera vez la existencia de las infracciones, con la amenaza del derribo de las obras ejecutadas sin licencia. La advertencia se cumplió el lunes, cuando el pleno municipal acordó el derribo parcial del chalé. En concreto, se trata de la demolición del tejado y la construcción de una cubierta nueva con un rebaje de la altura actual en 37 centímetros, la supresión de la última planta que se utiliza como buhardilla, el derribo de una piscina construida junto a la casa y la demolición y retranqueo en 75 centímetros de una de las fachadas. Las reformas, según calculael arquitecto municipal, costarán más de 126.000 euros.
Un mes de plazo
El acuerdo plenario, notificado ayer a la defensa jurídica de Ardanza y al grupo ecologista que denunció las irregularidades, fija el plazo de un mes para acometer las demoliciones. Éste es el mismo tiempo que dispone el afectado para recurrir el acuerdo. Luego quedan las instancias judiciales, que los abogados de Ardanza piensan utilizar si el Ayuntamiento confirma su decisión. De esta manera, el derribo parcial del chalet se demoraría varios años, si el acuerdo municipal fuera refrendado por los tribunales.
El informe del arquitecto municipal en que se basado la decisión del Ayuntamiento concluye que la casa tiene un 40,52% más de la superficie permitida, al superar los 1.030 metros cuadrados. Esta cifra no coincide con anteriores informes, que señalaban que la superficie total era de 879 metros cuadrados.
La defensa de Ardanza, que ya prepara el recurso administrativo, anunció que realizarán una verificación de las mediciones sobre la obra ejecutada y considera desproporcionadas las demoliciones. "Hablamos de la superación en 37 centímetros de la altura", subrayó el letrado. A su juicio, existen otras posibilidades de adecuarse a la legalidad urbanística con menos afecciones para la vivienda, al tiempo que censura que el acuerdo municipal carezca de un informe jurídico.
También critica la "discordancia" de los informes técnicos sobre el exceso de altura. "Se ha hablado de 1,20, 1,50 y, ahora, de 37 centímetros". La defensa de Ardanza, que asegura que en este caso nunca ha habido "mala fe" del actual presidente de Euskaltel, considera "sorprendente" la orden del derribo en un mes, "cuando en marzo decían que las medidas iban a ser cautelares hasta que hubiera la resolución" del Tribunal Superior.
El Taller de Ecología de Gernika, que denunció el caso, no ha decidido aún si recurrirá. "Sean 20 centímetros o dos metros, o haya dos o siete incumplimientos, la realidad es que esa casa tuvo el respaldo técnico y político del Ayuntamiento, y ahora reconocen que no cumplen las normas", dijo un portavoz. A su juicio, el cambio de actitud municipal se ha debido también "a la responsabilidad penal grave en que hubieran incurrido" los ediles.
