Una píldora de desahogo de un ciudadano corriente y moliente ante la desidia y el despilfarro institucional

15 febrero 2011

Cornuda y apaleada. Ser honesto es un castigo

Me acuerdo de una temporada donde viví fuera del hogar de mis progenitores. De alquiler en Nuevo Gijón. Una zona de la parte alta de la ciudad donde se encuentra la playa de San Lorenzo, Poniente, Arbeyal y el conocido water de King Kong.

Pues bien, alli donde hallábame hospedado había una chica con una hija de un año que lo pasaba realmente mal. Hacía equilibrios con el dinero un día si y otro también. Siempre iba aseada y presentable. Sin dar la nota. Ropa sencilla y limpia.
Un día me dijo que se fue a pedir ayuda a los Servicios Sociales. Y la miraron de mala manera, por encima del hombro. Ella contestó (ya se sabe como son de directos los asturianos, en general):

- ¿Qué pasa? ¿Tengo que venir disfrazada de pobre para que me escuchéis?

Lo que tiene guasa es la última frase de la noticia. Es el ciudadano -y no la institución- quien debe poner de manifiesto sucesos como este.

Pues si que funciona bien su departamento. Será que en Baracaldo se privatiza tanto todo, que nombrarán al funcionario especie en peligro de extinción. Y si este curra bien, lo mismo le pegan una paliza. Es broma ¿eh?
Baracaldo es un municipio ejemplar en su política municipal. Eso lo sabe todo el que tiene la suerte de vivir en esa afortunada población.

15-2-2011
El Correo
Edición Impresa
R. Q. - BILBAO
«Vengo a devolver esta ayuda de 17.000 euros»

Una vecina de Barakaldo advierte a la Diputación que le ha sido otorgada una renta social indebida de 650 euros mensuales
¿Qué diría usted si descubre en su cuenta un ingreso inesperado de 2.700 euros? ¿Y si además le avisan de que recibirá una paga extra de 650 euros todos los meses? Pues bien, si no ha ganado el premio gordo de la lotería, puede ser que la Diputación le haya adjudicado la renta de garantía de ingresos durante un periodo de 25 meses. En total, unos 17.000 euros destinados a luchar contra la exclusión social de las personas sin recursos. El «problema» viene cuando el organismo competente concede esta ayuda sin antes comprobar que, efectivamente, el beneficiario carece de ingresos en el momento de aprobar la medida. Este ha sido caso de Mamen, una baracaldesa de 35 años que 'motu propio' se ha prestado a devolver un dinero que el Gobierno foral le asignó por «error».
«Yo estuve casi un año y medio en paro, hasta el pasado mes de septiembre. Solicité este subsidio cuando se me acabó el desempleo y me quedé sin nada. Afortunadamente, diez días después me llamaron de una ETT para hacerme un contrato laboral por seis meses, así que en Diputación sólo me deben unos 120 euros», explica la joven. Sin embargo, «me han notificado que recibiré cerca de tres millones de pesetas a lo largo de los dos próximos años. De hecho, ya han metido casi 3.000 euros en mi cuenta corriente». De inmediato, Mamen advirtió el «fallo» de la Administración y se acercó hasta los servicios sociales para comunicar su situación. Pero la reacción del personal no fue la que ella esperaba.

«En vez de lamentar su mala gestión, un funcionario me acusó de haber ocultado ingresos, cuando fui yo quien le puso al corriente de todo. ¡Es indignante! No cotejaron mis datos con la Seguridad Social ni tampoco miraron que tengo mi nómina domiciliada en el banco. Sólo tuvieron en cuenta mi situación anterior. Para más inri, tuve que soportar este bochorno delante de un montón de gente». Ante el enfado de la perjudicada, el empleado público reconoció que era «posible» que no hubiesen revisado el caso. Según él, «debido al retraso que llevan con los pagos, primero hacen las transferencias y más tarde podrían cruzar la información».

«Por costumbre»
Pese a todo, Mamen no quedó satisfecha. «No me convenció ni lo más mínimo, creo que actúan así por costumbre. Así, quien se hace el tonto sale beneficiado», se duele. Fuentes del Departamento de Acción Social consultadas por este periódico han corroborado que algunos usuarios «podrían no devolver» estas prestaciones cobradas «indebidamente» e incluso regresar después a sus países, si se trata de inmigrantes. Igualmente, confirman la existencia de demoras en la concesión de ayudas y arguyen que es el ciudadano -y no la institución- quien debe poner de manifiesto sucesos como este.