21 junio 2007

Cárcel y derribos. Medidas contra el ladrillazo

BBVA y Santander se dedican a vender sus activos y Solbes pide a la banca que acorte a 25 años como máximo la vida de las hipotecas. La burbuja inmobiliaria ha comenzado a estallar. Es un hecho constatable. Precios superinflados, corrupción, recalificaciones, Planes de Ordenación Municipal a los que se les añadan un sinfín de modificaciones...
¿Dónde está la Justicia para combatir estos desmanes? Algo huele a podrido en Dinamarca como decían en Amor a Quemarropa. Efectivamente, el nauseabundo olor que desprende la falta de escrúpulos y la inmensa codicia que mueve esta dinámica dificulta la respiración. Partidos políticos que se financian con los beneficios de promociones inmobiliarias y obras descomunales, bancos y cajas intermediando la situación, favores pendientes de resolver...
Y sin embargo los pisos ya no se venden como antes, grupos inmobiliarios de gran nombre cierran oficinas y ajustan plantillas, promotoras que no venden, constructores y promotoras cayendo en bolsa. El Gobierno insistiendo en el aterrizaje suave. Que no salten las alarmas ante lo evidente. Que no cunda el pánico... De un tiempo a esta parte leer en el periódico la sección de economía parece mas bien la crónica de sucesos, visitar bitácoras y foros confirma aún más el estado de las cosas. Y el Euribor al 4,497...

Por cierto, recuerdo a los amables lectores y lectoras, colaboradores y colaboradoras de esta humilde bitácora, que este fin de semana (concretamente el sábado, 23 de junio en el Centro Cívico de La Bolsa a las 10:30 horas) tendrá lugar una asamblea organizada por la Plataforma por la Vivienda Digna de Euskadi. Si creéis que esto ya pasa de castaño oscuro ya tenéis un lugar donde exponer vuestra visión, colaborar y cambiar impresiones sobre el asunto ladrillil.

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19-6-2007
Diario de Noticias
El magistrado Martín Pallín ve dos remedios al descontrol del urbanismo: cárcel y derribos
EFE/Santander* : "El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín aseguró hoy que, en su opinión, existen dos remedios al urbanismo descontrolado que padecen varias zonas de España: un endurecimiento de las penas, con condenas de prisión, y derribos ejemplarizantes que "abran los telediarios". Martín Pallín dirige esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo un seminario sobre "Los impactos colaterales del urbanismo descontrolado", en el que tiene previsto pronunciar una conferencia titulada "La cárcel como remedio". El magistrado reconoció hoy en conferencia de prensa que el enfoque de su charla es "provocador", pero también aclaró que él es partidario de un endurecimiento de las condenas previstas en el Código Penal de 1995 para los delitos relacionados con el urbanismo, la ordenación del territorio y el medio ambiente.
"La gravedad del bien jurídico lesionado está adquiriendo unas dimensiones verdaderamente espectaculares. Creo que, en este momento, las penas no son proporcionadas al bien que se trata de proteger, que es el interés colectivo de éstas y de las futuras generaciones, porque no podemos dejar a las futuras generaciones esta herencia", razonó Martín Pallín.
El magistrado del Supremo también abogó por llevar el castigo administrativo a las irregularidades urbanísticas hasta sus últimas consecuencias: el derribo de lo edificado ilegalmente.
"El punto de ruptura será el día que veamos caer una mole. Yo pediría que fuese televisado en la apertura del telediario, en vez de tantos sucesos y tantos ataúdes que pasan de un lado para otro... Pediría abrir los telediarios con un edificio de ocho o nueve plantas o con el Cuco, aquí en Cantabria, volando", señaló.
El magistrado se refería así a la urbanización de 400 viviendas levantada en el Alto del Cuco (Piélagos), que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por vulnerar la Ley del Suelo y por su grave impacto sobre el paisaje, descrito en la propia sentencia como "una dentellada al monte".
Martín Pallín relacionó también el problema del urbanismo con "la famosa autonomía municipal", principio que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, pero cuyos efectos le preocupan, porque hay que proyectarlo sobre un país con 8.108 ayuntamientos, recordó.
Este jurista sostiene que "no se puede dejar la iniciativa urbanística" a los ayuntamientos y advierte sobre las consecuencias derivadas de "mezclar" su autonomía con la acción de "unos ingeniosos agentes urbanizadores a los que les importa muy poco la ordenación del territorio y mucho el beneficio inmediato".
"El ayuntamiento cumple unos servicios, entre los cuales podría estar alguna planificación urbanística. Pero nunca, y ahí viene la parte más peligrosa, debe convertirlo en un negocio, sobre el pretexto de financiarse y echarle la culpa a las autoridades estatales de toda índole por no haber previsto una ley de financiación de partidos políticos", añadió.
No obstante, también hizo autocrítica y consideró que "buena parte" de la responsabilidad de lo que está ocurriendo recae sobre "la judicatura", en unos casos por no haber actuado a tiempo y en otros por no haber llamado la atención del legislador sobre la necesidad de reformar y agilizar determinados procedimientos.
Para ello recurrió al ejemplo de Marbella, localidad cuyo plan de urbanismo fue anulado por el Tribunal Supremo a instancias de la Junta de Andalucía a los diez años de su aprobación.
"El resultado fue 33.000 viviendas edificadas en zona verde. ¿Pero quién le pone ahora el cascabel al gato y las tira? Éste es problema que tenemos que corregir", explicó.

http://publicaciones.laley.net/noticias/noticias_texto.cfm?noticia_id=21705

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