La Peña. Polideportivo y almacén municipal de una tacada

En esta ocasión el premio a la transparencia del consistorio bilbaíno tiene unos lamparones de cuidado. Tanto que algunos aspectos son realmente opacos.
Para que luego algunos admiren la pulcra y maravillosa gestión del Ayuntamiento.
La foto de la rotura de la piscina acabó siendo la imagen que describía el signo que tomaba toda la obra en cuestión: un destino funesto. Un asunto gestionado de manera pésima e irregular con el dinero de todos.
Algunos recordarán aún, entre otros muchos despropósitos, el affaire de la pasarela de Calatrava. No la única chapuza municipal pero si una de las mas sonadas.
Caso Cearsolo al margen que puso a Bilbao en un lugar privilegiado del mapa del chanchullo nacional.

4-5-2009
El Correo
JOSU GARCÍA | BILBAO
El Tribunal Vasco de Cuentas confirma las irregularidades de la operación de La Peña
Concluye que la construcción de un parking bajo el polideportivo violó «el principio de libre concurrencia e igualdad de oportunidades»
El Tribunal de Cuentas del País Vasco confirma en un informe preliminar las graves irregularidades que se cometieron en el proceso de adjudicación y construcción del polideportivo y el aparcamiento para residentes del barrio bilbaíno de La Peña. El máximo órgano fiscalizador de la función pública en Euskadi constata que tanto el Ayuntamiento como el organismo autónomo Bilbao Kirolak incumplieron en repetidas ocasiones la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), así como el propio Plan General de Ordenación Urbana de la villa.
El dictamen viene a cargar de razón las denuncias que efectuaron a comienzos del año pasado los partidos políticos de la oposición, PP y PSE. El Consistorio, que recibió la semana pasada el documento, tiene la posibilidad de presentar las alegaciones antes de que el informe se eleve a definitivo y ya está trabajando en ellas, según ha confirmado un portavoz del equipo de gobierno. El plazo para apelar concluye el 13 de mayo y las autoridades municipales intentarán aclarar «lo máximo posible» las irregularidades que se les achacan.
Además de desencadenar una profunda crisis interna en el Instituto Municipal de Deportes, la «opaca» operación de La Peña ha sido el punto de mayor fricción en la vida municipal durante esta legislatura. El alcalde, Iñaki Azkuna, admitió «desorden» y falta de planificación en un proyecto presupuestado en más de 6 millones de euros. La atropellada gestión, en la que participaron tanto el PNV como sus socios de EB y EA, desembocó en la inauguración de un polideportivo con serias deficiencias y en el fracaso de un aparcamiento que apenas ha vendido una treintena de las 155 parcelas con las que cuenta.
A todo ello hay que añadir un retraso considerable en la entrega de ambos equipamientos, así como el encarecimiento del plan en 675.000 euros y el posterior desembolso de casi un millón de euros de las arcas locales en concepto de rescate de unos garajes ignorados por los vecinos, que pasaron a costar 17.700 euros en lugar de los 12.000 prometidos. La decisión de repercutir el sobrecoste de la iniciativa en las parcelas partió del propio constructor: la Unión Temporal de Empresas formada por Albatros y Construcciones Olabarri.
Ahora, el Tribunal de Cuentas ratifica y documenta una abultada lista de irregularidades e incumplimientos. Quizás la infracción más llamativa sea el modo en que se le encarga a la ingeniería que lleva la dirección de obra la redacción del proyecto constructivo de un aparcamiento que, inicialmente, no estaba previsto.
Sucedió el 11 de septiembre de 2003. Un decreto del presidente de Bilbao Kirolak autoriza la ampliación del contrato inicial con la UTE de arquitectos, que en esos momentos dirigía el profesional Juan Coll Barreu, para incluir el garaje subterráneo. La orden eleva en un 89% el importe del encargo, que pasa de 206.000 euros a 389.000. «Este incremento -advierte el órgano fiscalizador- vulnera los principios de libre concurrencia e igualdad de oportunidades». Es decir, que otras empresas podrían haberse sentido perjudicadas al no haber podido presentarse al preceptivo concurso público.
Pero, además, la institución que funciona bajo mandato parlamentario constata la existencia de «un vacío documental» a la hora de justificar la decisión de construir un parking en los sótanos del polideportivo. En este sentido, llama la atención sobre el hecho de que «antes de la aprobación de la modificación y por encargo de Bilbao Kirolak, el contratista ya había incluido el estacionamiento de vehículos para residentes en el proyecto constructivo e incluso había facturado los correspondientes honorarios de la redacción del mismo». En suma, el Tribunal de Cuentas concluye que, con esta actuación, se vulneraron los artículos 55 (prohibición de la contratación verbal) y 54.4 (prohibición del inicio de ejecución antes de la formalización del contrato) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El órgano fiscalizador continúa su informe con el análisis de la adjudicación de los trabajos, que corrieron a cargo de la UTE formada por Albatros y Construcciones Olabarri. En este apartado denuncia que el proyecto carecía de «la obligatoria supervisión». A su juicio, esta infracción violó los artículos 122, 128, 136 y 138 del TRLCAP y, lo que es más importante, provocó uno de los incrementos más abultados del presupuesto de la obra: 262.000 euros para corregir las mediciones efectuadas sobre los pilares del edificio.
No fue el único desembolso extra que tuvo que afrontar el Consistorio, sino que hubo otros nueve más hasta que el sobrecoste final alcanzó la cifra total de 675.000 euros. Si se suma esta cantidad a la oferta realizada por la UTE adjudicataria -fue la más baja de las presentadas- el resultado es que su propuesta hubiera resultado, realmente, la más cara.
«Sin competencias»
Respecto a las obras del aparcamiento, el Tribunal de Cuentas señala que «la competencia en este ámbito corresponde al Ayuntamiento» en exclusiva. A su juicio, Bilbao Kirolak «carece» de cualquier tipo de potestad para encargar un proyecto de estas características. «Por lo tanto, la intervención de este organismo -concluyen los auditores- se ha realizado sin el respaldo jurídico del Consistorio», lo que supone una violación de «los artículos 15 (encomienda de gestión) y 55 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común».
El organismo fiscalizador también llama la atención sobre el hecho de que el estacionamiento se realizó sin un estudio de viabilidad. En realidad no se analizó la demanda potencial de una infraestructura de esas características, como denunciaron reiteradamente los partidos de la oposición en el Ayuntamiento.