La oficialidad sin multas recorre la ciudad

Otro abuso más de la clase privilegiada. De esa casta que no responde ante nada ni ante nadie. No hay explicaciones. Tu pagas. Yo no. Yo no existo. Aunque cometa infracciones. No soy nadie. Tu si existes, luego pagas. En la caja y banco que quieras, en el ayuntamiento, en un cajero, con tarjeta y sin ella...
No podemos quejarnos. Nos lo ponen tan fácil.
Como diría un motorizado cargo del Gobierno Vasco:
- ¡Feliz día con mi coche! Pero de pagar multas nada ¿eh? Para eso ya está el vasallaje...

20-9-2007
Diario El Correo
Edición Vizcaya
DAVID S. OLABARRI
d.s.olabarri@diario-elcorreo.com
Vehículos oficiales del Gobierno vasco adeudan cientos de multas al Ayuntamiento de Bilbao
La cuantía de las sanciones ronda los 140.000 euros, la mayor parte por infracciones de la OTA Las notificaciones se aplican con recargo al negarse el Ejecutivo a identificar al conductor
El Gobierno vasco no da buen ejemplo, al menos en lo que al pago de las multas se refiere. Los coches oficiales del Ejecutivo autónomo acumulan en el Ayuntamiento de Bilbao cientos de sanciones de tráfico en los últimos tres años. La Administración vasca actúa como un ciudadano moroso más y se escuda en la Ley de Protección de Datos para eludir el pago de sus multas, cuya cuantía roza ya los 140.000 euros.
El conflicto se origina cuando los responsables de los distintos departamentos del Gobierno vasco se niegan a «identificar» a los conductores de su parque móvil que cometen infracciones de tráfico o aparcamiento cuando son requeridos desde la Sección de Multas del Consistorio bilbaíno, según confirman desde el propio Ayuntamiento. La falta de respuesta motiva el envío a Lakua por correo de un segundo requerimiento municipal. Este escrito notifica ya la sanción al Ejecutivo autónomo -no al conductor implicado- y conlleva un recargo que penaliza la negativa a desvelar la identidad completa del infractor. Una multa de 68 euros, por ejemplo, se transforma así en una penalización de hasta 318 euros.
Los responsables del área de Hacienda del Ayuntamiento bilbaíno consultados por EL CORREO explicaron ayer que existe una «cláusula de confidencialidad» que les impide ofrecer datos sobre las deudas del Gobierno vasco. Tampoco quisieron aclarar si se ha compensado el débito de algún modo. Sin embargo, sí recalcaron que, cada «cuatro o seis» meses, el Consistorio hace una «transmisión de la deuda» a Lakua.
Cerca del 80% de las sanciones remitidas desde el Ayuntamiento se refieren a infracciones por aparcamiento, que suman cerca de 100.000 euros sobre el total acumulado. Curiosamente, el Ejecutivo vasco podría evitar con facilidad estas sanciones. Según la ordenanza de la OTA, los vehículos oficiales pueden disfrutar de una tarjeta de estacionamiento en las calles de Bilbao, siempre y cuando paguen la tasa anual correspondiente, que se sitúa en torno a los 600 euros.
Un simple vistazo a la 'lista negra' de los vehículos más sancionados permite descubrir que una matrícula sobresale entre las demás por acumular más de 90 infracciones desde 2004 que superan los 25.000 euros. En este curioso ránking, un segundo coche oficial acumula más de 9.000 euros en multas desde diciembre de 2004. En el Boletín Oficial de Vizcaya también aparecen 15 notificaciones a vehículos adscritos a Osakidetza y 5 a la flota de EiTB.

Sin pérdida de puntos
La versión del Ejecutivo autonómico, no obstante, se aleja de la ofrecida desde el Ayuntamiento. Fuentes del Departamento de Hacienda recalcan que la responsabilidad en estos casos recae siempre sobre el propio conductor y detallan que la Administración vasca «en ningún caso paga una sanción» de tráfico impuesta sobre un vehículo oficial. En este sentido, aseguran que cuando reciben una multa de este tipo ofrecen el nombre del infractor y su dirección de trabajo «a la autoridad que lo requiere». Sin embargo, desde Lakua se matiza que la Ley de Protección de Datos no les permite facilitar la dirección del domicilio particular del infractor y apuntan que el Ayuntamiento bilbaíno es el «único» que no ha aceptado este procedimiento durante los «dos últimos años» y el único con el que han tenido «este tipo de problemas». Los portavoces del Gobierno vasco eludieron referirse ayer a las sanciones con las que el Consistorio les penaliza por no identificar al conductor, aunque este periódico ha comprobado que esta práctica se repite en otros municipios de Euskadi.
La no identificación del conductor supone que quien comete la irregularidad con el coche oficial en Bilbao se libra de abonar el importe de la multa correspondiente y también del castigo administrativo que puede suponer en algunos casos la retirada de puntos. En definitiva, se dan situaciones de auténtica impunidad.
El listado de las matrículas permite comprobar que el grueso de los vehículos sancionados no se emplean en labores de seguridad, una tarea que 'exculparía' en ciertos casos las infracciones. El 90% de las escoltas que se realizan en Euskadi están asignadas a empresas de seguridad privadas. Como norma general, estas compañías utilizan coches de alquiler en sus servicios y cuentan con un sistema automático de notificación de multas, distinto al que se emplea cuando los infractores son coches oficiales.
Las sanciones del parque móvil de Lakua se remiten al Gobierno vasco, que figura como titular de los vehículos. Sin embargo, a la hora de cobrarlas surgen las dificultades. Y es que, al contrario de lo que sucede con cualquier ciudadano de a pie, enfrentado al embargo de bienes si se empecina en el impago, el Ayuntamiento carece de capacidad para dictar providencias de este tipo sobre el patrimonio de la Administración pública. Las multas que no pague el Ejecutivo de Vitoria prescribirán además a los cuatro años. Al Consistorio bilbaíno sólo le queda aferrarse a una norma foral basada en la Ley General Presupuestaria para intentar cobrar las sanciones. Se trataría de esperar a que surgiera una deuda o llegar «a un acuerdo» con el Ejecutivo autónomo para poder «compensar» el montante económico de las infracciones. No obstante, desde algunas instancias jurídicas se discrepa abiertamente en este punto, al entender que no todos los bienes de la Administración son inembargables.